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Marzo 2016 Reporte Mensual de Tendencias en las Industrias Extractivas

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  • 21 May 2016

México: Cambios en Pemex

Con menos de tres meses en el cargo, José Antonio Gonzáles Anaya, el nuevo director de la estatal mexicana Pemex, tiene delante suyo un monumental reto: remontar un año 2015 especialmente duro para la estatal en el que las pérdidas acumuladas de Pemex ascendieron a casi 30 mil millones de dólares, cifra que significa un aumento de más del 97% con respecto a las pérdidas del año anterior. Si bien en gran parte de estas pérdidas se puede atribuir a la caída en el precio del petróleo, otros elementos -como la pesada carga fiscal de PEMEX, la depreciación del peso mexicano, la ineficiencia y los sobrecostos- también influyeron.

Gonzales no es extraño a la gestión pública. Desde el año 2012 se desempeñó como director del Instituto Mexicano de Seguridad Social y antes de eso fue sub secretario de Ingresos en la Secretaría de Hacienda (2010-2012). Hoy, al frente de Pemex, el diagnóstico de Gonzáles es que la crisis que afronta la estatal gira en torno a la liquidez y no a la solvencia de la compañía.  Es por este motivo que Pemex ha emprendido una estrategia para superar su problema de endeudamiento (que aumentó un 30.6% en el último año) y mejorar su liquidez. Entre las medidas resaltan mayores recortes al gasto de inversión de la estatal y la priorización del pago de deuda a las pequeñas y medianas empresas.

El plan de recorte de los gastos de inversión alcanza los 100 mil millones de pesos mexicanos, básicamente recortando gastos planeados para las áreas de exploración y producción (48 millones de pesos); corporativas de Pemex y subsidiarias (13 100 millones de pesos); y, de transformación industrial (200 millones de pesos).  Además de incrementar la liquidez de la estatal, la idea es priorizar la búsqueda de nuevos esquemas de capitalización para la estatal. Es así que los mecanismos que introduce la reforma energética para poder establecer alianzas con privados cobrarán mayor protagonismo durante la gestión de Gonzáles Lopez-Anaya.

Al respecto, es importante anotar que el logro de mayor liquidez mediante estos recortes a la inversión tendrá como una mayor reducción de la ya alicaída producciónde Pemex, aproximadamente a 2 millones 130 mil barriles por día.

Además, gran parte de los analistas mexicanos se ha expresado en contra de la concepción a la base de este ajuste de cinturón, argumentando que en lugar de recucir gastos de inversión una reducción al gasto corriente hubiese sido más efectiva para frenar la percepción de alto riesgo crediticio que tiene actualmente Pemex. Demás está decir que medidas que impacten sobre el gasto corriente obligarían a la estatal a solucionar los problemas relacionados a los costos de operación, que hoy se mantienen entre los más altos de la industria.  Por último, se critica el enfoque del manejo financiero de la compañía. Para los expertos, Pemex debería priorizar la rentabilidad por encima de la liquidez, problema que no llega a solucionarse haciendo recortes al gasto de inversiones.

Esto nos lleva a la segunda medida del plan, el pago de la deuda de Pemex. Históricamente, Pemex ha mantenido un nivel de deuda elevado. Sin embargo, en el 2015 la deuda de la estatal escaló hasta los 86 800 millones de dólares, esto es 88.7% más que hace seis años. Con el fin de empezar a cumplir con sus responsabilidades, el gobierno ha privilegiado el pago a todo proveedor cuya deuda no supere los 85 millones. Esta medida beneficia directamente a las pequeñas y medianas empresas que trabajan con la estatal.  La cara opuesta de la moneda son los grandes proveedores, mega-corporaciones como Haliburton, cuyos adeudos se mantienen muy por encima de la marca establecida. Estas compañías deberán esperar a que la estatal determine un nuevo esquema de pago. Como era de esperarse, la medida ha generado disgustos entre los mayores proveedores de Pemex, quienes no ven cuando la estatal cumplirá con sus pagos.

A pesar de las críticas, las medidas adoptadas por Pemex están en línea con la tendencia en gran parte de las empresas petroleras (públicas y privadas) a nivel global. Sin embargo, cabe notar que Pemex y el gobierno de México deberán afrontar las consecuencias más impopulares de la desinversión sistemática. Junto con la reducción del volumen extraído es necesario pensar en los empleos recortados y las regiones que, en adelante, verán su economía golpeada por la menor actividad petrolera. Respecto al último problema el gobierno de México ha dado algunos primeros pasos, con la inyección de liquidez inmediata a las zonas más afectadas por la reducción de la inversión y la caída de precios.

Luego de años de ver caer su produccion, incrementar sus costos internos y acumular deuda, PEMEX se encuentra hoy en una de esas situaciones en las que toda salida supone pagar determinados costos. Habrá que ver si las medidas propuestas realmente permiten salir del problema y que tanto puede hacer el gobierno de México para paliar los costos que ellas suponen.

Brasil: El impacto de la crisis económica y política en las perspectivas de Petrobras y del sector petrolero en Brasil

El sector petrolero está en el centro de la monumental crisis económica y política que el Brasil vive en estos días. Y del desenlace de esta crisis depende mucho el destino de ese mismo sector petrolero y de la gran apuesta industrialista que el Brasil hizo desde la tercera década del siglo pasado en adelante.

Recordemos que, en respuesta a la crisis internacional de fines de la década de 1920, Brasil lanzó una estrategia de industrialización pos sustitución de importaciones que dio sus frutos décadas más tarde, con el país constituido en una potencia industrial capaz de responder a las necesidades de su enorme mercado interno y de exportar bienes manufacturados de consumo final y bienes de capital hacia la región latino americana y el mundo.

En el marco de esta estrategia, la creación de Petrobras en 1953 durante el gobierno nacionalista militar de Getulio Vargas respondió a una estrategia más específica en el marco de la estrategia general arriba mencionada: asegurar el autoabastecimiento energético de la apuesta industrialista.

Sin embargo, ya desde los años 80 y 90 la estrategia de industrialización hacia adentro se vio cuestionada por un doble proceso de creciente peso de las extractivas en la canasta exportadora (azúcar, hierro, petróleo) y creciente apertura del Brasil a la importación de bienes manufacturados y bienes de capital. En cuanto a la gestión del sector petrolero como tal, se relaja la presencia del estado pues el país se abre a la inversión directa del sector privado en exploración y extracción petrolera y se permite la participación de accionistas privados en el propio Petrobras, que pasa a cotizar en la bolsa de valores de Nueva York.

Ciertamente, no se trata de una privatización total del sector, como sí ocurrió en el sector minero con la privatización de Vale do Rio Doce. Pero si de un debilitamiento del peso estatal y un crecimiento del peso del sector privado en el marco de una reconversión del Brasil en un país primario exportador e importador de bienes de consumo final y de capital. Este proceso alcanza su máxima expresión durante la administración del Presidente Lula y del Partido de los Trabajadores (PT), que coincide con dos hechos muy significativos: el súper-ciclo de demanda y precios del petróleo y el descubrimiento de las enormes reservas del Presal.

En este escenario que se descubre Presal y se experimenta la subida de la demanda y los precios del petróleo. Y es en este escenario que gobierno del Presidente Lula toma algunas decisiones fundamentales: convertir a Petrobras en socio obligatorio con una participación del 30% en todos los proyectos realizados en el Presal; introducir estricta una política de contenido local que provea a la industria petrolera de insumos manufacturados; e, intervenir como estado en la consolidación de empresas proveedoras que puedan asumir la producción de insumos.

Más allá de constituir la apuesta más importante de las últimas décadas en la extracción de petróleo en territorio brasileño, el gobierno del PT convirtió al Presal en el protagonista de una segunda ola de industrialización en Brasil, una que tendría en el centro a la producción petrolera.

Hoy, la crisis económica y política que sacude a Brasil en distintos frentes tiene un elemento que perjudica especialmente a la estatal petrolera: Lava Jato. Lava Jato es el mayor escándalo de corrupción del momento y ha expuesto un esquema de corrupción que involucra a Petrobras, funcionarios públicos, políticos y proveedores.  Si agregamos la caída en los precios de los commodities, que ha disminuido la capacidad de captación de rentas de una economía cada vez más primarizada; nos encontramos frente a la peor crisis que ha vivido Petrobras en sus 60 años de historia. Por otro lado, está el juicio político – e inminente impeachment- al que ha sido sometida Dilma Rousseff, que representa el punto más álgido del deterioro del sistema político. En medio de esta crisis vale la pena preguntarse qué pasó con la gran apuesta petrolera-industrial de Brasil basada en la explotación de las reservas del Presal. ¿Cuál es el estado del proyecto en el que el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) depositó su confianza como el paso más importante en la historia petrolera del Brasil?

Las repercusiones de los cambios estructurales introducidos por el PT fueron inicialmente favorables. Luego de un tropiezo -motivo de la crisis internacional de mercados bursátiles en el 2008- el incremento significativo de los precios de los commodities llevó a la economía brasileña a niveles de crecimiento históricos. Es durante esta euforia donde el proyecto de consolidación del Presal empieza cobrar forma. En este periodo el gobierno empezó a potenciar a futuros proveedores nacionales. En algunos casos se conformaron empresas desde la nada, como sucedió con Sete Brasil. Sete fue una empresa privada creada por Petrobras con el único objetivo de proveer de sondas de exploración sísmica al Presal y que atrajo más de 2 mil millones en inversiones de bancos y fondos de inversión como Santander, Brandesco y el fondo de inversiones FI-FGTS.

No todo dura para siempre y el 2014 fue el año donde el castillo de naipes empezó a venirse abajo.  Por un lado, se encuentra Lava Jato. A raíz de la intervención a un prominente lavador de dinero, Alberto Yousseff, la policía federal de Brasil consiguió develar un complejo esquema de corrupción alrededor de contratos los contratos suscritos entre Petrobras y las empresas proveedoras. En términos simples, algunas proveedoras destinaron hasta el 3% de contratos sobrevalorados al pago de sobornos a funcionarios de la petrolera estatal quienes, al mismo tiempo, repartían los fondos entre los políticos responsables de aprobar los contratos y mantener a los mismos funcionarios corruptos en posiciones privilegiadas. En el mismo centro del esquema de sobornos se encontraban las obras realizadas en el marco de la exploración y explotación de reservas petroleras del Presal. Consecuencia de Lava Jato, la petrolera estatal se ha visto obligada a despedir a casi 170 mil empleados entre todas sus divisiones. En conjunto, el personal despedido equivale al 61% de la fuerza laboral actual

También en el 2014 inició la caída de los precios del petróleo, hecho que ha puesto en serio peligro la sostenibilidad de las operaciones. Hoy los costos de producción por barril de petróleo en Brasil están entre los más altos del mundo. En medio de un contexto de sobreproducción de la materia prima a nivel mundial, el barril brasilero se ha convertido en uno de los menos competitivos y sus perspectivas de mejora, en la actualidad, son casi nulas. Un elemento que los inversionistas consideran un obstáculo para alcanzar mayor rentabilidad -y hacerse competitivos- es la cuota de contenido local requerida por ley (Lei 12. 351/2010). Si bien el sector privado siempre combatió esta norma, nos encontramos frente a un contexto que debilita sus fundamentos. El primer paso se dio en el 2015, cuando el congreso aprobó una ley para reducir la cuota estipulada. Por otro lado, el reemplazo de Rousseff en la presidencia, el ex vicepresidente Michel Temer, ya ha manifestado su interés por eliminar el requerimiento de contenido local

El principal perjudicado en esta situación ha sido el PT y la consecuencia más contundente es la cada vez más cercana destitución de Dilma Rousseff a través del juicio político en curso. La situación financiera de Petrobras tampoco ayuda. Atravesando el nivel de endeudamiento más alto en su historia (106 200 millones de dólares) Petrobras y sus socios encuentran cada vez más difícil hacer viable la extracción de petróleo en el Presal.

El Presal vio sus orígenes en un momento de fiesta económica. Sin embargo, la reprimarización de la economía en conjunción con la falta de mecanismos de prevención de la corrupción y una inesperada caída de precios fueron los ingredientes de una tormenta perfecta. La crisis que atraviesa Brasil no tiene precedentes y para salir de ella harán falta cambios estructurales como los que la originaron.