La gobernanza de las industrias extractivas del petróleo, gas y minería en América Latina continúa siendo dirigida casi exclusivamente por los gobiernos centrales y el sector empresarial, con muy poca participación de la sociedad civil, y los gobiernos sub nacionales. En este contexto, el incremento de la conflictividad tiene su origen en las dificultades de incorporar las demandas medioambientales, económicas y sociales de las localidades que reciben los impactos de la extracción de los recursos.

El análisis muestra que, en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, las autoridades subnacionales (departamentales, provinciales o municipales) no participan de las decisiones sobre el sector extractivo y no poseen competencias relevantes respecto a las etapas del ciclo extractivo -exploración, implementación, explotación y cierre- no obstante tener responsabilidades concretas sobre la planificación del territorio.

En la región andina la centralización de las decisiones sobre la minería y el petróleo en los ministerios afines y las autoridades nacionales ha sido una constante que, en tiempos recientes, muestra señales de incluso mayor concentración tras la caída de los precios internacionales y el incremento de la conflictividad.

Tras un proceso de análisis institucional y debates desde los territorios organizados por cuatro instituciones aliadas en los cuatro países, se presenta un análisis comparativo sobre los diferentes niveles de gobierno. El objetivo es incentivar un mayor debate para revisar los procesos de toma de decisión en el sector extractivo, con la aspiración de mejorar la calidad de su gobernanza.