México: Evaluación actualizada del impacto de la pandemia del coronavirus en el sector extractivo y la gobernanza de los recursos naturales
Este informe es parte de una serie de informes de país elaborados por NRGI para resumir la cambiante situación respecto a la pandemia y su impacto económico. El análisis que contiene está sujeto a cambios de acuerdo a las circunstancias y puede ser actualizado en su debida oportunidad.
Mensajes clave:
- La pandemia del coronavirus suscitó una caída histórica en el producto interno bruto de México. El gobierno mexicano, en respuesta, se centró en el gasto social y la flexibilización de la política monetaria, pero evitó en gran medida los paquetes de ayuda para las empresas privadas.
- El gobierno de México ha profundizado las medidas de austeridad, salvo respecto a los proyectos de infraestructura y empresas de propiedad del Estado como Pemex, considerados emblemáticos.
- Al cierre del tercer trimestre de 2020, Pemex había acumulado un déficit de USD 10,900 millones. Mientras tanto, su deuda se elevó en un 26.9 por ciento en 2020. Firmas como Fitch Ratings y HR Ratings consideraron que la empresa estatal era un factor de riesgo para toda la economía mexicana. A pesar de estos resultados, el gobierno se está preparando para inyectar más dinero a la empresa, a fin de mejorar su capacidad de producción y refinación.
- La industria minera de México se recuperó significativamente durante la segunda mitad de 2020. Las inversiones chinas y canadienses en el sector crecieron durante la pandemia. Sin embargo, el gobierno mexicano, como medida de austeridad, degradó a la Subsecretaría de Minería a la categoría de dirección, dentro de la Secretaría de Economía.
Impacto económico
México empezó a recuperarse lentamente del impacto económico inicial de la pandemia del coronavirus. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que México sufrió la mayor retracción intertrimestral del PIB en su historia, cayendo un 17.3 por ciento en el segundo trimestre de 2020. El levantamiento de la cuarentena en el pasado verano del 2020 incrementó la actividad económica, especialmente en el sector servicios.
Según Fitch Ratings, en el tercer trimestre de 2020, la economía mexicana recuperó algo de las pérdidas relacionadas con el coronavirus al crecer un 6.5 por ciento, en comparación al trimestre anterior. Sin embargo, la firma advirtió acerca de una desaceleración en la recuperación hacia el cuarto trimestre. Más específicamente, los sectores de producción industrial, manufactura y servicios mostraron patrones de contracción en los últimos meses del tercer trimestre. Sin embargo, la tasa de desempleo disminuyó de manera constante; al menos 1.8 millones personas que perdieron su trabajo durante los primeros meses de la pandemia no han retornado a la fuerza laboral.
Durante la pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido firme en no alejarse de sus planes de desarrollo, incluso frente a los impactos internos y externos surgidos de la emergencia. El presidente se caracteriza por un fuerte liderazgo y un estricto control de la política económica, basada en los principios de la austeridad pública, el control de los recursos estratégicos y el fortalecimiento de las empresas de propiedad del Estado. El gobierno de México no otorgó un paquete de estímulo fiscal al sector privado. Sin embargo, el Estado brindó una línea de crédito relativamente pequeña para mitigar el impacto en las pequeñas empresas durante los primeros meses de la pandemia y redujo la tasa de interés de 6.7 a 4.5 por ciento a fin de facilitarles el crédito.
Desde 2019, el gobierno del presidente López Obrador ha negociado préstamos del Banco Mundial por un total de USD 2,100 millones. El mayor de ellos, un préstamo por USD 1,000 millones, fue consignado en abril de 2020. Aunque el Banco Mundial especifica que este préstamo está destinado a apoyar los esfuerzos del gobierno para impulsar al sector financiero y establecer instrumentos para mejorar el acceso financiero de los pobres, el gobierno ha dicho que esta línea de crédito no será usada para responder a la pandemia.
Esta respuesta del gobierno está en consonancia con el ethos del presidente López Obrador: no depender de la ayuda exterior para enfrentar la crisis. En abril de 2020, el presidente aprobó un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, negociado directamente por un grupo de empresas privadas para financiar una línea de crédito, con el fin de ayudar a la empresa privada a sobrellevar los efectos de la pandemia.
Entretanto, la pandemia ha continuado impactando a México, ya que enfrenta un segundo repunte de las infecciones. Desde el inicio de la pandemia hasta enero del 2021 han muerto 150 000 personas por COVID-19, y ha habido más de un millón de casos confirmados de virus.
Impacto en el sector petróleo y gas
La empresa petrolera nacional, Pemex, ha reportado pérdidas durante ocho trimestres consecutivos desde 2019. Cuando comenzó la pandemia, durante el primer trimestre de 2020, Pemex reportó pérdidas netas por USD 23,600 millones, Desde entonces, la empresa se ha recuperado un poco, pero aún registra un déficit general de USD 10,900 millones al final del tercer trimestre. Entretanto, la deuda de la empresa continúa aumentando, y ha crecido en un 26.9 por ciento solo en 2020.
La producción ha disminuido con el tiempo. En octubre, Pemex reportó un promedio de producción de 1,627,100 de barriles por día (bpd), una reducción de un 1.7 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, y la mitad del promedio de 3.4 millones de bpd durante el pico de producción de Pemex en 2004. El gobierno de López Obrador tiene como objetivo constante el superar la caída de los volúmenes de producción de Pemex. Para 2020, el gobierno brindó un respaldo de USD 3,300 millones en gastos de capital para la empresa. A lo largo de la pandemia, las cifras de producción no mejoraron, y el gobierno se está preparando para continuar inyectando efectivo a la empresa a fin de enfrentar estas caídas. En octubre, el director general de Pemex, Octavio Romero, declaró, ante el Congreso, que Pemex alcanzaría una producción de 1,900 millones de bpd para 2021 y de 2 millones de pbd para 2022, debido a los 20 nuevos bloques petroleros asignados por la Comisión General de Hidrocarburos a Pemex durante 2020.
En noviembre, la firma de análisis de riesgo HR Ratings declaró que Pemex era una pérdida neta para México, debido a los deteriorados ingresos de la empresa, por la caída de los precios del petróleo y sus volúmenes de producción. En abril, Fitch Ratings rebajó la calificación crediticia de Pemex de BB to BB-. Estas acciones también llevaron a Fitch a rebajar la calificación de la deuda soberana de México a BBB-. Fitch considera a Pemex un “factor de riesgo clave”.
El director general de Pemex ha rebatido enérgicamente estas afirmaciones, señalando que la empresa petrolera nacional no representa una carga fiscal para el país y que solo recibe recursos directos del gobierno para financiar la refinería de Dos Bocas, un proyecto para el cual el gobierno ha gastado USD 2,300 millones solo en 2020. Si bien es técnicamente cierto que Pemex usa sus propios recursos para financiar sus operaciones, el gobierno sigue incluyendo grandes gastos destinados para infraestructura y alivio de la deuda de Pemex en el presupuesto federal. En 2019, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el gobierno destinó USD 5,000 millones para el pago de la deuda de Pemex hasta 2023. En 2020, este monto se incrementó en USD 1,400 millones. Asimismo, el diario La Jornada calcula que los beneficios fiscales aplicados a Pemex en 2020 le permitirá destinar entre USD 5,000 millones y USD 8,000 millones para pagos de deuda en 2021. En tanto, la refinería de Dos Bocas tiene un costo aproximado de USD 8,900 millones, también cubierto por el gobierno federal. El gobierno está gastando, incluidas las exenciones tributarias, hasta USD 11,000 millones en el manejo de la deuda de Pemex, lo que implica que la frágil situación financiera de Pemex representa una carga para todos los mexicanos.
Las elecciones parlamentarias, fijadas para junio de 2021, podrían proporcionar al gobierno de López Obrador los votos necesarios para impulsar una reforma constitucional que revoque la reforma energética aprobada en 2013, la cual abrió el sector petrolero a la inversión privada. El presidente ha manifestado abiertamente su voluntad de cambiar las reglas para implementar su visión nacionalista del sector hidrocarburos.
Impacto en el sector minero
Aun cuando los proyectos mineros de México se concentran en un puñado de estados productores, el sector ha experimentado una expansión considerable en los últimos años. Sin embargo, la evaluación intermedia del sector minero que utiliza el Índice de la Gobernanza de los Recursos Naturales de NRGI, encontró que el gobierno tiene dificultades para implementar sus propias reglas. Esto ha complicado aún más los desafíos institucionales que enfrenta este sector en la segunda mitad de 2020. Como parte de las medidas de austeridad por la pandemia, se canceló la Subsecretaría de Minería por orden ejecutiva del gobierno federal, y la oficina fue descendida a la categoría de dirección dentro de la Secretaría de Economía. A pesar de ser uno de los sectores económicos más dinámicos del país, la minería no está actualmente representada por un funcionario de alto rango.
Los cambios en el sector han dejado en suspenso la reforma del fondo minero, que había sido programada para mediados de 2020. Esta reforma ha sido una fuente de conflicto entre el gobierno federal y las entidades subnacionales, ya que cambia drásticamente la distribución de las regalías mineras en los territorios productores. En ausencia de un subsecretario de Minas, el proceso se estancó, dejando a muchos gobiernos subnacionales en la incertidumbre sobre lo que sucederá con el fondo.
En cambio, la industria minera tuvo uno de los más grandes repuntes luego del impacto inicial del confinamiento por la pandemia. La inversión extranjera (en especial la canadiense y la china), impulsada por los precios internacionales del oro y la plata, se incrementó en el último año. La inversión canadiense en el sector se quintuplicó en 2020. Según Douglas Coleman, director general de la compañía Mexico Mining Center, la pandemia del coronavirus ha sido un factor decisivo en la reciente ola de inversiones, cuando la demanda de cobre, plata, litio y zinc se incrementó en la reactivación de los mercados asiáticos.
Otro hecho clave durante la pandemia se relaciona con el proyecto de litio Bacanora, en Sonora, cuya fase de producción fue postergada para 2021. La empresa china Gangfeng aumentó su participación en el proyecto de 22.5 por ciento al 50 por ciento. Se tiene previsto que este proyecto produzca 35,000 toneladas de litio al año para 2023, y tiene acuerdos de suministro con fabricantes de vehículos eléctricos como Tesla. El repentino interés de inversionistas en el litio mexicano suscitó una iniciativa legislativa del partido gobernante, MORENA, para nacionalizar el mineral. Según el impulsor de esta iniciativa, el congresista Alejandro Armenta, la intención no es cerrar las puertas a la inversión privada sino crear un marco regulatorio que evite que México “regale” su litio a los inversionistas chinos, estadounidenses y canadienses.
Una mirada hacia adelante
La negativa del presidente López Obrador a brindar ayuda fiscal a las empresas y su conocida enemistad con las empresas de energía renovable han incrementado las tensiones con el sector privado. Es probable que las tensiones entre el sector público y privado aumenten, escenario que el actual gobierno ha evitado en el pasado.
Los movimientos recientes en puestos gubernamentales clave pueden indicar un aumento de las tensiones con el sector privado. En diciembre, Alfonso Romo, jefe de gabinete del presidente, renunció a su cargo. Romo presidió la “Mesa minera”, un consejo que proporcionaba a las empresas mineras acceso directo y coordinación con el gobierno. En diciembre, el presidente López Obrador también nombró a una nueva secretaria de Economía, Tatiana Clouthier. Ella sucede a Graciela Márquez, quien pasará a dirigir el Instituto Nacional de Estadística. (Clouthier supervisó la campaña electoral de López Obrador en 2018).
La apuesta del presidente López Obrador en proyectos de infraestructura emblemáticos (por ejemplo, la refinería Dos Bocas, el tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía) a lo largo de 2021 costará una suma equivalente al 25.3 por ciento del PIB de México. El gobierno, con el apoyo de la Cámara Mexicana de Construcción, defiende los proyectos señalando cifras sobre la creación de empleo y un potencial impulso al sector de la construcción. La refinería Dos Bocas representa un gasto de capital adicional para Pemex, que probablemente continuará enfrentando problemas financieros durante 2021.
