En un contexto de transición energética y descarbonización urge garantizar un espacio cívico abierto e informado que permita a la ciudadanía expresarse, organizarse y participar para influir en la toma de decisiones, sobre todo en regiones productoras dependientes del sector extractivo.
El espacio cívico se entiende como el entorno apropiado para que la ciudadanía pueda ejercer su papel en la vida política, social y económica de un país. Este entorno incluye condiciones para el ejercicio pleno de derechos a la libre expresión, reunión y asociación, participación y protesta pacífica para potenciar la capacidad de agencia de la ciudadanía y del establecimiento de canales de comunicación que permitan expresar disenso, proponer y consensuar decisiones públicas en ambientes seguros.
En el marco de los debates sobre el rumbo de la transición energética en Colombia, un espacio cívico vigoroso se torna en condición fundamental para asegurar justicia en la formulación e implementación de políticas y planes de transición, centradas en el cierre de brechas y en la mejora de la calidad de vida de las personas. En este contexto, NRGI junto al Stockholm Environment Institute (SEI) vienen trabajando en el proyecto: Transición justa en regiones productoras de carbón en Colombia, Indonesia y Sudáfrica, que busca apoyar la transición justa del carbón, abordando la desigualdad, la pobreza y la dependencia a la extracción del carbón térmico mediante la producción de investigaciones y acciones en estos tres países.
El espacio cívico en el Cesar, región que depende de las industrias extractivas
Las exportaciones de hidrocarburos y carbón representan 61 % del total de exportaciones en Colombia. Por eso, la suspensión de operaciones y la devolución en 2021 de tres títulos mineros en el departamento del Cesar por parte de Prodeco —filial de la empresa multinacional Glencore y tercera exportadora de carbón de Colombia—, encendió las alarmas debido al impacto económico, social y ambiental de esta medida. Solo en 2020 Prodeco aportó el 21 % de la producción de carbón nacional y generó 1200 empleos directos, pero la empresa argumentó que la operación minera ya no era económicamente viable.
Los impactos de esta decisión se tradujeron en una crisis económica, social y ambiental en el municipio de La Jagua de Ibirico, en cuya jurisdicción se concentra gran parte de las operaciones de Prodeco. La disminución de ingresos para el municipio —por concepto de impuestos y regalías— se hizo evidente, pues afectó el gasto público y disminuyó la capacidad de respuesta de la entidad territorial en la provisión de bienes y servicios. En términos sociales, el retiro de Prodeco produjo un aumento en la tasa de desempleo, el cierre de establecimientos comerciales, el incremento de la inseguridad ciudadana y la preocupación por el reasentamiento de las comunidades locales. Además, surgieron inquietudes debido al incumplimiento de las obligaciones ambientales en el marco de una débil regulación nacional alrededor del cierre de minas.
Esta situación puso sobre la mesa la discusión sobre la necesidad de apresurar el ritmo de la planificación e implementación de la transición energética a nivel nacional, que no solo contemple el incremento de energías renovables en la matriz eléctrica, sino que prepare la economía para enfrentar los riesgos fiscales, económicos, sociales y ambientales que conlleva el declive de los combustibles fósiles; y una transición a nivel territorial que atienda, de forma prioritaria, los impactos en las regiones productoras que dependen de este sector. No obstante, esta discusión en los territorios productivos enfrenta serios retos en materia de garantías, sobre todo en lo relacionado al espacio cívico.
El contexto histórico en Cesar: violencia y represión contra las poblaciones locales desde diferentes frentes
La historia de la violencia tiene larga data en Colombia. El conflicto armado interno, la firma del Acuerdo de Paz con las FARC y la disputa por el dominio de regiones estratégicas y ricas en recursos naturales por parte de grupos armados ilegales, han sido elementos determinantes y transversales en los problemas entre los territorios y el sector extractivo. Más aún en un escenario de declive de los combustibles fósiles.
El Cesar es un departamento impactado por el conflicto. A inicios de los 90, con la llegada de las empresas mineras, se dio prioridad a la seguridad para garantizar las operaciones, que coincidió con un periodo de altos índices de violencia y violaciones a los derechos humanos. Posteriormente, los grupos paramilitares ocuparon el territorio desatando otra ola de violencia, que incluyó hostigamientos a la actividad sindical. Luego, bajo la Ley de Justicia y Paz, que promovió la desmovilización de grupos paramilitares, se reveló la colaboración que existió entre estos grupos, las empresas y el ejército.
Más recientemente, en marzo de 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó al sindicato de la Drummond Ltda. Sintramineroenergética, como víctima colectiva en un proceso en contra de un excontratista de la empresa condenado por su relación con grupos paramilitares y asesinatos a dos sindicalistas.
Se reconoció, además, la vulneración de los derechos de la población civil que impidió un entorno seguro para la consolidación del tejido social y los liderazgos. Por ende, ha habido una historia de permanentes limitaciones para el ejercicio político de la ciudadanía.
Una vez desmovilizados los grupos paramilitares, han surgido nuevos grupos armados ilegales que están en disputa por el territorio y que han incidido en perpetuar la situación de amenazas y restricciones a la libre expresión para manifestar desacuerdo, en particular sobre nuevos proyectos adjudicados al gas usando la técnica de fracturación hidráulica o fracking.
Con la salida de Prodeco, en el municipio de La Jagua de Ibirico se ha incrementado la conflictividad y se han profundizado los problemas de inseguridad y de amenazas a varios líderes y lideresas. Con la suspensión de la operación de la mina y sus consecuentes efectos en la economía local, la población se ha dividido entre quienes solicitan su reapertura y quienes proponen impulsar una discusión más allá de la dependencia del carbón —exigiendo el cumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental como punto de partida—.
En este contexto de polarización y dificultades de un espacio cívico que garantice la integridad, libertad de opinión y participación, se torna complejo plantear discusiones que las comunidades deben dar para proponer y consensuar alternativas económicas respecto de la salida del carbón; estrategias para la reconversión laboral para atender la crisis y planear, en el mediano y largo plazo, el desarrollo territorial. Los antecedentes históricos de las actuaciones entre empresas, Estado, trabajadores y población civil presentan desafíos importantes para el establecimiento de entornos seguros y balanceados para procesos de diálogo y negociación abiertos. Sin embargo, abordarlos y superarlos es parte del reto mismo de la consolidación de la paz territorial, en la medida en que se acceda a la verdad y la reparación.
La urgencia por la garantía del espacio cívico en un contexto de transición energética y un conflicto armado de más de 50 años
El desarrollo de actividades extractivas en Colombia, especialmente durante los últimos 20 años, se ha dado en un contexto marcado por una alta conflictividad y polarización que se ha traducido en el rechazo de buena parte de estos proyectos en los territorios. A esto se suma la centralización de la toma de decisiones que ha dejado sin competencias a las entidades territoriales subnacionales, pero que en última instancia son quienes deben lidiar con la operación y los impactos de los proyectos, la vulneración al derecho a la protesta pacífica, la ausencia de mecanismos de participación ciudadana y la reducción del espacio cívico, que se refleja en los asesinatos y amenazas a líderes y lideresas que defienden el territorio, y también a sindicalistas.
Global Witness registró para 2021 que más de la mitad de los ataques a defensores a nivel mundial sucedieron en México, Colombia y Brasil, y casi el 30 % estuvieron relacionados con la explotación de recursos —explotación forestal, minería y agroindustria a gran escala—, represas hidroeléctricas y otro tipo de infraestructura. Más de un tercio de los ataques fatales fueron contra pueblos indígenas. Y, para ese mismo año, se registraron en Colombia por lo menos 100 formas de agresión contra sindicalistas, incluidos los del sector extractivo.
El caso de La Jagua de Ibirico marca un hito importante para repensar los procesos de diálogo y participación alrededor de una agenda de transición energética justa. Lo que está ocurriendo evidencia la necesidad de comprender los antecedentes históricos de los territorios y aprender de los procesos de planificación participativa y de bases que ya vienen en camino para apoyar la construcción colectiva de la paz y el desarrollo territorial en un contexto nuevo de transición. Esto incluye estudiar y construir desde las experiencias de los instrumentos definidos por el Acuerdo de Paz, como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y, también, aprovechar la oportunidad que representa la reglamentación del Acuerdo de Escazú recientemente ratificado por Colombia.
Con base en ello, proponemos ofrecer algunas recomendaciones para avanzar en la garantía de un espacio cívico que asegure condiciones a los distintos actores para una planeación de la transición justa e incluyente:
Generar información actualizada: el gobierno nacional, en cabeza del DNP y el DANE, y en articulación con la gobernación y la alcaldía, deben acopiar información actualizada que permita evidenciar los impactos de la suspensión de la operación minera en el municipio de La Jagua de Ibirico en términos de, por ejemplo, pérdida de empleos directos e indirectos, con datos desagregados por género para entender impactos diferenciados para, por ejemplo, plantear estrategias de reconversión laboral de manera más eficiente. Es necesario que este proceso sea liderado por el Estado colombiano para garantizar la idoneidad e imparcialidad en el acopio, y debe propiciar tanto espacios de participación con los actores locales para construir diagnósticos participativos como también con la contribución de información que manejan las empresas. El Estado debe asignar recursos para desarrollar estos procesos y debe asegurar que esta información sea pública, en pro de una mayor transparencia y como parte de un proceso de generación de confianza entre los diferentes actores.
Facilitar el acceso, uso y apropiación de la información: el Estado colombiano, en sus tres niveles de representación (nacional, departamental y local) tiene como obligación desplegar acciones para que la información sea de fácil acceso. Para ello, no basta con socializarla por medios virtuales, debe hacerlo por distintas vías/canales que permita a poblaciones sin cobertura de internet acceder. Además, el nivel nacional debe apoyar con esfuerzos adicionales al nivel local a diseñar formatos pedagógicos que permitan que la información sea entendida por todos. En la medida en que más personas se apropien de esta información se contribuirá a reducir asimetrías en procesos de negociación y diálogo para la planificación de escenarios futuros.
Mejorar las capacidades técnicas de los actores locales: el gobierno nacional debe dirigir recursos económicos para que, en articulación con la alcaldía y las instancias locales de participación, se generen condiciones habilitantes que permitan mejorar las capacidades técnicas de los actores locales a través de acompañamiento y asesoría para la formulación de propuestas viables que respondan a las necesidades del territorio. Esto incluye también el rol importante de la ciudadanía en demandar y vigilar los esfuerzos de las empresas en responder ante los impactos ambientales dejados por la minería y asegurar su remediación o compensación apropiada. Este es un punto importante para disminuir asimetrías en las relaciones de poder para las negociaciones que se necesitan en este contexto.
Establecer mecanismos de protección a líderes y establecimiento de reglas de juego para entornos seguros: el Estado debe implementar mecanismos de protección y diseñar entornos en los que todos los actores tengan igualdad de condiciones para expresarse libremente sin ser estigmatizados. La pedagogía sobre diálogo democrático y multiactor a través de casos exitosos es parte de las alternativas.
Promover una participación efectiva: el gobierno nacional debe promover mecanismos de participación que vayan más allá de niveles de consulta y socialización, ya sea a través de una política pública específica en cabeza del Ministerio del Interior o a través de la modificación de espacios de participación existentes a través de cambios reglamentarias en el Congreso, que permitan influir en las decisiones y que amplíen su alcance para incluir discusiones sobre transición energética. Esta modificación debe apuntar a tener claridad sobre para qué se participa (resultado final) y garantía de que el espacio brindará las condiciones para que las propuestas sean tenidas en cuenta en la toma de decisiones. Igualmente, sustentar las razones cuando las propuestas no son viables es una forma constructiva de tramitar diferencias.
Fomentar un rol proactivo de las entidades territoriales: es fundamental que las entidades territoriales tengan un mayor involucramiento con carácter vinculante en los procesos de discusión y planeación de la transición energética. Esto permitirá hacer sinergias entre las apuestas productivas, las asignaciones presupuestales y la coordinación multinivel del Estado. Una transición justa debe incluir no solo una planeación desde lo nacional, sino también desde lo subnacional. Las autoridades subnacionales y sus respectivos instrumentos de planificación, como los Planes de Desarrollo, deben apuntar a generar conciencia colectiva bajo escenarios de discusión amplia sobre las prioridades y retos del territorio.
Estas recomendaciones deben ser apoyadas y avaladas desde el Gobierno nacional, pero también deben estar articuladas desde el nivel subnacional, atendiendo y respondiendo al contexto histórico, político, social y geográfico de cada región donde se aterrizan los procesos de transición energética y económica asociada. Incluir estos y otros aspectos en la agenda de la transición es clave, teniendo en cuenta que solo con una participación amplia, informada y oportuna se podrá avanzar con rapidez, pertinencia y aceptación social en la implementación de la transición energética justa e inclusiva.
Juliana Peña es oficial senior de NRGI para América Latina.
Este artículo ha sido elaborado con la colaboración de Elisa Arond y José Vega del Stockholm Environment Institute (SEI). El artículo muestra parte del trabajo conjunto que vienen realizando SEI y NRGI en el marco del proyecto: Transición justa en regiones productoras de carbón en Colombia, Indonesia y Sudáfrica.
Fotos: Participación ciudadana, Freepik; Taller de Transición Justa: visiones, actores y desafíos, Elisa Arond (SEI); Regiones dependientes del carbón, Juan Camilo Rodriguez/NRGI
El espacio cívico se entiende como el entorno apropiado para que la ciudadanía pueda ejercer su papel en la vida política, social y económica de un país. Este entorno incluye condiciones para el ejercicio pleno de derechos a la libre expresión, reunión y asociación, participación y protesta pacífica para potenciar la capacidad de agencia de la ciudadanía y del establecimiento de canales de comunicación que permitan expresar disenso, proponer y consensuar decisiones públicas en ambientes seguros.
En el marco de los debates sobre el rumbo de la transición energética en Colombia, un espacio cívico vigoroso se torna en condición fundamental para asegurar justicia en la formulación e implementación de políticas y planes de transición, centradas en el cierre de brechas y en la mejora de la calidad de vida de las personas. En este contexto, NRGI junto al Stockholm Environment Institute (SEI) vienen trabajando en el proyecto: Transición justa en regiones productoras de carbón en Colombia, Indonesia y Sudáfrica, que busca apoyar la transición justa del carbón, abordando la desigualdad, la pobreza y la dependencia a la extracción del carbón térmico mediante la producción de investigaciones y acciones en estos tres países.
El espacio cívico en el Cesar, región que depende de las industrias extractivas
Las exportaciones de hidrocarburos y carbón representan 61 % del total de exportaciones en Colombia. Por eso, la suspensión de operaciones y la devolución en 2021 de tres títulos mineros en el departamento del Cesar por parte de Prodeco —filial de la empresa multinacional Glencore y tercera exportadora de carbón de Colombia—, encendió las alarmas debido al impacto económico, social y ambiental de esta medida. Solo en 2020 Prodeco aportó el 21 % de la producción de carbón nacional y generó 1200 empleos directos, pero la empresa argumentó que la operación minera ya no era económicamente viable.
Los impactos de esta decisión se tradujeron en una crisis económica, social y ambiental en el municipio de La Jagua de Ibirico, en cuya jurisdicción se concentra gran parte de las operaciones de Prodeco. La disminución de ingresos para el municipio —por concepto de impuestos y regalías— se hizo evidente, pues afectó el gasto público y disminuyó la capacidad de respuesta de la entidad territorial en la provisión de bienes y servicios. En términos sociales, el retiro de Prodeco produjo un aumento en la tasa de desempleo, el cierre de establecimientos comerciales, el incremento de la inseguridad ciudadana y la preocupación por el reasentamiento de las comunidades locales. Además, surgieron inquietudes debido al incumplimiento de las obligaciones ambientales en el marco de una débil regulación nacional alrededor del cierre de minas.
Esta situación puso sobre la mesa la discusión sobre la necesidad de apresurar el ritmo de la planificación e implementación de la transición energética a nivel nacional, que no solo contemple el incremento de energías renovables en la matriz eléctrica, sino que prepare la economía para enfrentar los riesgos fiscales, económicos, sociales y ambientales que conlleva el declive de los combustibles fósiles; y una transición a nivel territorial que atienda, de forma prioritaria, los impactos en las regiones productoras que dependen de este sector. No obstante, esta discusión en los territorios productivos enfrenta serios retos en materia de garantías, sobre todo en lo relacionado al espacio cívico.
El contexto histórico en Cesar: violencia y represión contra las poblaciones locales desde diferentes frentes
La historia de la violencia tiene larga data en Colombia. El conflicto armado interno, la firma del Acuerdo de Paz con las FARC y la disputa por el dominio de regiones estratégicas y ricas en recursos naturales por parte de grupos armados ilegales, han sido elementos determinantes y transversales en los problemas entre los territorios y el sector extractivo. Más aún en un escenario de declive de los combustibles fósiles.
El Cesar es un departamento impactado por el conflicto. A inicios de los 90, con la llegada de las empresas mineras, se dio prioridad a la seguridad para garantizar las operaciones, que coincidió con un periodo de altos índices de violencia y violaciones a los derechos humanos. Posteriormente, los grupos paramilitares ocuparon el territorio desatando otra ola de violencia, que incluyó hostigamientos a la actividad sindical. Luego, bajo la Ley de Justicia y Paz, que promovió la desmovilización de grupos paramilitares, se reveló la colaboración que existió entre estos grupos, las empresas y el ejército.
Más recientemente, en marzo de 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó al sindicato de la Drummond Ltda. Sintramineroenergética, como víctima colectiva en un proceso en contra de un excontratista de la empresa condenado por su relación con grupos paramilitares y asesinatos a dos sindicalistas.
Se reconoció, además, la vulneración de los derechos de la población civil que impidió un entorno seguro para la consolidación del tejido social y los liderazgos. Por ende, ha habido una historia de permanentes limitaciones para el ejercicio político de la ciudadanía.
Una vez desmovilizados los grupos paramilitares, han surgido nuevos grupos armados ilegales que están en disputa por el territorio y que han incidido en perpetuar la situación de amenazas y restricciones a la libre expresión para manifestar desacuerdo, en particular sobre nuevos proyectos adjudicados al gas usando la técnica de fracturación hidráulica o fracking.
Con la salida de Prodeco, en el municipio de La Jagua de Ibirico se ha incrementado la conflictividad y se han profundizado los problemas de inseguridad y de amenazas a varios líderes y lideresas. Con la suspensión de la operación de la mina y sus consecuentes efectos en la economía local, la población se ha dividido entre quienes solicitan su reapertura y quienes proponen impulsar una discusión más allá de la dependencia del carbón —exigiendo el cumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental como punto de partida—.
En este contexto de polarización y dificultades de un espacio cívico que garantice la integridad, libertad de opinión y participación, se torna complejo plantear discusiones que las comunidades deben dar para proponer y consensuar alternativas económicas respecto de la salida del carbón; estrategias para la reconversión laboral para atender la crisis y planear, en el mediano y largo plazo, el desarrollo territorial. Los antecedentes históricos de las actuaciones entre empresas, Estado, trabajadores y población civil presentan desafíos importantes para el establecimiento de entornos seguros y balanceados para procesos de diálogo y negociación abiertos. Sin embargo, abordarlos y superarlos es parte del reto mismo de la consolidación de la paz territorial, en la medida en que se acceda a la verdad y la reparación.
La urgencia por la garantía del espacio cívico en un contexto de transición energética y un conflicto armado de más de 50 años
El desarrollo de actividades extractivas en Colombia, especialmente durante los últimos 20 años, se ha dado en un contexto marcado por una alta conflictividad y polarización que se ha traducido en el rechazo de buena parte de estos proyectos en los territorios. A esto se suma la centralización de la toma de decisiones que ha dejado sin competencias a las entidades territoriales subnacionales, pero que en última instancia son quienes deben lidiar con la operación y los impactos de los proyectos, la vulneración al derecho a la protesta pacífica, la ausencia de mecanismos de participación ciudadana y la reducción del espacio cívico, que se refleja en los asesinatos y amenazas a líderes y lideresas que defienden el territorio, y también a sindicalistas.
Global Witness registró para 2021 que más de la mitad de los ataques a defensores a nivel mundial sucedieron en México, Colombia y Brasil, y casi el 30 % estuvieron relacionados con la explotación de recursos —explotación forestal, minería y agroindustria a gran escala—, represas hidroeléctricas y otro tipo de infraestructura. Más de un tercio de los ataques fatales fueron contra pueblos indígenas. Y, para ese mismo año, se registraron en Colombia por lo menos 100 formas de agresión contra sindicalistas, incluidos los del sector extractivo.
El caso de La Jagua de Ibirico marca un hito importante para repensar los procesos de diálogo y participación alrededor de una agenda de transición energética justa. Lo que está ocurriendo evidencia la necesidad de comprender los antecedentes históricos de los territorios y aprender de los procesos de planificación participativa y de bases que ya vienen en camino para apoyar la construcción colectiva de la paz y el desarrollo territorial en un contexto nuevo de transición. Esto incluye estudiar y construir desde las experiencias de los instrumentos definidos por el Acuerdo de Paz, como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y, también, aprovechar la oportunidad que representa la reglamentación del Acuerdo de Escazú recientemente ratificado por Colombia.
Con base en ello, proponemos ofrecer algunas recomendaciones para avanzar en la garantía de un espacio cívico que asegure condiciones a los distintos actores para una planeación de la transición justa e incluyente:
Generar información actualizada: el gobierno nacional, en cabeza del DNP y el DANE, y en articulación con la gobernación y la alcaldía, deben acopiar información actualizada que permita evidenciar los impactos de la suspensión de la operación minera en el municipio de La Jagua de Ibirico en términos de, por ejemplo, pérdida de empleos directos e indirectos, con datos desagregados por género para entender impactos diferenciados para, por ejemplo, plantear estrategias de reconversión laboral de manera más eficiente. Es necesario que este proceso sea liderado por el Estado colombiano para garantizar la idoneidad e imparcialidad en el acopio, y debe propiciar tanto espacios de participación con los actores locales para construir diagnósticos participativos como también con la contribución de información que manejan las empresas. El Estado debe asignar recursos para desarrollar estos procesos y debe asegurar que esta información sea pública, en pro de una mayor transparencia y como parte de un proceso de generación de confianza entre los diferentes actores.
Facilitar el acceso, uso y apropiación de la información: el Estado colombiano, en sus tres niveles de representación (nacional, departamental y local) tiene como obligación desplegar acciones para que la información sea de fácil acceso. Para ello, no basta con socializarla por medios virtuales, debe hacerlo por distintas vías/canales que permita a poblaciones sin cobertura de internet acceder. Además, el nivel nacional debe apoyar con esfuerzos adicionales al nivel local a diseñar formatos pedagógicos que permitan que la información sea entendida por todos. En la medida en que más personas se apropien de esta información se contribuirá a reducir asimetrías en procesos de negociación y diálogo para la planificación de escenarios futuros.
Mejorar las capacidades técnicas de los actores locales: el gobierno nacional debe dirigir recursos económicos para que, en articulación con la alcaldía y las instancias locales de participación, se generen condiciones habilitantes que permitan mejorar las capacidades técnicas de los actores locales a través de acompañamiento y asesoría para la formulación de propuestas viables que respondan a las necesidades del territorio. Esto incluye también el rol importante de la ciudadanía en demandar y vigilar los esfuerzos de las empresas en responder ante los impactos ambientales dejados por la minería y asegurar su remediación o compensación apropiada. Este es un punto importante para disminuir asimetrías en las relaciones de poder para las negociaciones que se necesitan en este contexto.
Establecer mecanismos de protección a líderes y establecimiento de reglas de juego para entornos seguros: el Estado debe implementar mecanismos de protección y diseñar entornos en los que todos los actores tengan igualdad de condiciones para expresarse libremente sin ser estigmatizados. La pedagogía sobre diálogo democrático y multiactor a través de casos exitosos es parte de las alternativas.
Promover una participación efectiva: el gobierno nacional debe promover mecanismos de participación que vayan más allá de niveles de consulta y socialización, ya sea a través de una política pública específica en cabeza del Ministerio del Interior o a través de la modificación de espacios de participación existentes a través de cambios reglamentarias en el Congreso, que permitan influir en las decisiones y que amplíen su alcance para incluir discusiones sobre transición energética. Esta modificación debe apuntar a tener claridad sobre para qué se participa (resultado final) y garantía de que el espacio brindará las condiciones para que las propuestas sean tenidas en cuenta en la toma de decisiones. Igualmente, sustentar las razones cuando las propuestas no son viables es una forma constructiva de tramitar diferencias.
Fomentar un rol proactivo de las entidades territoriales: es fundamental que las entidades territoriales tengan un mayor involucramiento con carácter vinculante en los procesos de discusión y planeación de la transición energética. Esto permitirá hacer sinergias entre las apuestas productivas, las asignaciones presupuestales y la coordinación multinivel del Estado. Una transición justa debe incluir no solo una planeación desde lo nacional, sino también desde lo subnacional. Las autoridades subnacionales y sus respectivos instrumentos de planificación, como los Planes de Desarrollo, deben apuntar a generar conciencia colectiva bajo escenarios de discusión amplia sobre las prioridades y retos del territorio.
Estas recomendaciones deben ser apoyadas y avaladas desde el Gobierno nacional, pero también deben estar articuladas desde el nivel subnacional, atendiendo y respondiendo al contexto histórico, político, social y geográfico de cada región donde se aterrizan los procesos de transición energética y económica asociada. Incluir estos y otros aspectos en la agenda de la transición es clave, teniendo en cuenta que solo con una participación amplia, informada y oportuna se podrá avanzar con rapidez, pertinencia y aceptación social en la implementación de la transición energética justa e inclusiva.
Juliana Peña es oficial senior de NRGI para América Latina.
Este artículo ha sido elaborado con la colaboración de Elisa Arond y José Vega del Stockholm Environment Institute (SEI). El artículo muestra parte del trabajo conjunto que vienen realizando SEI y NRGI en el marco del proyecto: Transición justa en regiones productoras de carbón en Colombia, Indonesia y Sudáfrica.
Fotos: Participación ciudadana, Freepik; Taller de Transición Justa: visiones, actores y desafíos, Elisa Arond (SEI); Regiones dependientes del carbón, Juan Camilo Rodriguez/NRGI