La pandemia del coronavirus y el colapso de los precios internacionales del petróleo han golpeado la industria petrolera latinoamericana. Empresas y gobiernos están discutiendo alternativas para hacer las operaciones económicamente viables. Por ejemplo: reducir las regalías petroleras para algunos proyectos en Brasil o reducir las tarifas de transporte en Colombia. Sin embargo, dadas las tendencias a largo plazo de la industria, la naturaleza cíclica de los precios del petróleo y las diferencias en los costos operativos de los proyectos, los incentivos fiscales no son una respuesta correcta a los bajos precios del petróleo.
En una publicación reciente, NRGI analiza globalmente la caída del precio del petróleo, la presión sobre los gobiernos para reducir los impuestos y los riesgos de modificar las cargas fiscales en una industria donde los precios oscilan entre el colapso y la recuperación. El informe argumenta que los países que reducen los impuestos debido a los bajos precios del petróleo corren el riesgo de perder ingresos si los precios se recuperan y, por lo tanto, solo deberían otorgar incentivos fiscales en casos excepcionales y de manera clara y temporal.
Para los proyectos que operan actualmente, es importante que los gobiernos consideren la relación entre los cambios en los precios del petróleo y los costos operativos. Después de su histórica caída en abril, el precio del petróleo se recuperó a alrededor de USD 40 por barril. La Agencia de Información Energética de Estados Unidos (EIA) pronostica que los precios mensuales al contado del Brent promediarán $42 por barril durante el cuarto trimestre de 2020 y subirán a un promedio de $47 por barril en 2021. Sin embargo, una encuesta de compañías petroleras internacionales indica que, en promedio, esperan $65 para 2025. Los precios futuros del petróleo son inciertos, como siempre.
Para los proyectos que operan actualmente, es importante que los gobiernos consideren la relación entre los cambios en los precios del petróleo y los costos operativos. Después de la histórica caída de abril, el precio del petróleo se recuperó a alrededor de $ 40 por barril. La Agencia de Información Energética de los Estados Unidos (EIA) pronostica que los precios al contado mensuales del Brent promediarán $ 42 por barril durante el cuarto trimestre de 2020 y subirán a un promedio de $ 47 por barril en 2021. Sin embargo, una encuesta de compañías petroleras internacionales indica que, en promedio, esperan que el precio del petróleo suba a $ 65 para 2025. Los precios futuros del petróleo son inciertos como siempre.
La investigación publicada recientemente por NRGI encuentra que, según estimaciones de Rystad, los costos operativos promedio de un conjunto de 19 países ricos en petróleo todavía están muy por debajo del precio del petróleo. En la mayoría de los casos, por lo tanto, no es aconsejable que los gobiernos reduzcan los impuestos, ya que los cambios en el régimen tributario podrían generar una pérdida de ingresos tributarios a largo plazo, si los precios tienden a recuperarse. Por otro lado, también se podría erosionar la confianza en la estabilidad del régimen fiscal: cuando los precios suban, los gobiernos podrían verse tentados a subir los impuestos. En la industria petrolera, es más importante tener una perspectiva a largo plazo que responder apresuradamente a la volatilidad de los precios.
Los datos del NRGI para algunos países de América Latina indican que los costos operativos más impuestos son en promedio $20 por barril, de los cuales aproximadamente la mitad son costos operativos ($9,40) y el resto impuestos ($10,60), por lo que aún existe un margen considerable con respecto al precio internacional. Sin embargo, estos son precios promedio por país; cada proyecto operativo tiene un perfil de costos particular que depende, entre otros factores, de la distancia a los mercados, la calidad del petróleo y el costo de capital para las inversiones en exploración y extracción.
Costos operativos promedio e impuestos en el upstream por barril (estimados de 2020)
En América Latina, hay dos ejemplos destacados en los que la estabilidad de los términos fiscales ha sido clave para atraer inversiones, desarrollar la industria petrolera y generar crecientes flujos de ingresos fiscales: las rondas de licitación petrolera en Brasil y Colombia. En ambos casos, procesos competitivos y transparentes, basados en marcos regulatorios y fiscales estables, han permitido a los países incrementar sustancialmente la producción de petróleo. Brasil pasó de ser un importador de petróleo a convertirse en el principal productor de petróleo de la región, con 3 millones de barriles diarios. Colombia logró alcanzar una producción de un millón de barriles por día, a pesar de su limitado potencial.
Dadas estas razones, los países deben verificar si los proyectos operativos realmente necesitan exenciones fiscales para ser rentables. Sin embargo, si un ajuste del régimen fiscal es inevitable, es mejor optar por instrumentos fiscales progresivos (donde la carga fiscal cambia automáticamente en función de las variaciones en los beneficios de la empresa) que optar por exenciones fiscales. Si se opta por estos últimos, es importante que incluyan una cláusula de caducidad, por lo que solo se aplican durante la situación extraordinaria de la pandemia Covid-19. En el caso de nuevos proyectos, puede ser apropiado retrasar las rondas de licitación hasta después de la crisis.
Finalmente, los gobiernos deben revelar información sobre cualquier cambio en el régimen fiscal, así como los contratos de proyectos petroleros. Esto asegura que los ciudadanos estén informados y puedan monitorear que los países no lideren la "carrera hacia el fondo" y posteriormente pierdan la "carrera de regreso a la cima" cuando los precios se recuperen y el régimen fiscal no pueda recaudar los niveles adecuados de ingresos.
Fernando Patzy es oficial senior de América Latina en Natural Resource Governance Institute (NRGI).