Febrero 2016 Reporte Mensual de Tendencias en las Industrias Extractivas
Argentina: El impacto del cambio de gobierno en las extractivas
Ha sido un inicio de año agitado para Argentina en materia energética. Lejos están los días llenos de expectativa que acompañaron la nacionalización de YPF o del descubrimiento de los yacimientos de gas esquisto en Vaca Muerta. Hoy YPF es una empresa estatal que debe enfrentarse a la caída de los precios internacionales de los hidrocarburos al mismo tiempo que los cambios de política energética que el ingreso del Gobierno de Mauricio Macri parecen anunciar. Vaca Muerta, por otro lado, aún tiene la tarea de integrarse con éxito al difícil mercado del shale gas, que para hacerse competitivo frente a un petróleo cada vez más barato ha entrado en una carrera para aumentar la productividad y reducir radicalmente sus costos. Actores más grandes y sofisticados en el rubro (como Estados Unidos), ya se han adelantado en esta carrera, provocando que para países recién iniciados sea muy difícil competir en estas nuevas condiciones.
Empecemos hablando de la nueva política energética. La transferencia de gobierno ha significado para la Argentina un cambio radical de visión sobre la gestión del estado. El presidente, Mauricio Macri, ha confiado su gabinete a una serie de profesionales con amplia trayectoria en el sector privado y con posiciones políticas diametralmente distintas a sus predecesores.
Para la cartera de Minas y Energía, Macri designó al ingeniero químico Juan José Aranguren, quien antes trabajó para la petrolera anglo-holandesa Shell por 37 años. Allí ejerció los cargos de vicepresidente de Suministros y Distribución para América Latina y CEO de Shell Argentina.
En una de las primeras manifestaciones de la nueva orientación política en el sector energía, el presidente Macri emitió el decreto supremo 272, que, en sentido estricto, disuelve la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, que controlaba el mercado de hidrocarburos en el país.
El Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburiferas (Ley N206380), aprobado durante la gestión Kirchner, reguló el mercado de hidrocarburos impulsando auditorías trimestrales a las empresas prestadoras de servicio en el rubro. La Comisión de Planificación tenía la facultad de aplicar sanciones en caso no estén asegurados los "precios comerciales razonables". Además, la Comisión tenía la facultad de adoptar medidas para "evitar y/o corregir conductas distorsivas que puedan afectar a los consumidores"
La Comisión era una dependencia del Ministerio de Economía. Con su disolución, las responsabilidades de regulación del mercado de hidrocarburos pasan a formar parte del Ministerio de Minería y Energía, al mando de Aranguren. Este voto de confianza para Aranguren fue necesario para el siguiente paso, la simultánea eliminación de subsidios y el levantamiento del llamado “cepo cambiario”, medida que establecía un tipo de cambio oficial diferente al que dictaba el libre juego del mercado. Estas dos medidas provocaron que los precios de los combustibles despegaran hasta en un 6% en territorio argentino, mientras que la moneda nacional perdía su valor hasta en un 44%.
Los subsidios estatales a los combustibles y la energía durante los 12 años de gobierno de los Kirchner le costaron al erario argentino un aproximado de 475 mil millones de pesos, (equivalentes a US$ 31 mil millones). En este sentido el impacto de su retiro sobre el mercado fue inmediato.
Los subsidios, por ejemplo, permitían que las empresas de distribución de combustible puedan sostener costos muy por debajo de los precios internacionales. Hoy, con la escalada de precios y la creciente inflación, estas empresas solo cuentan con liquidez para cubrir sueldos y algunas obras de mantenimiento. Por otro lado, al controlar el mercado de hidrocarburos el estado fijó topes de precios para productores de gas y petróleo, desalentando al sector y provocando una caída en la producción. La situación obligó a que se tenga que importar gas de Bolivia, país al que actualmente Argentina adeuda 300 millones de dólares en cuentas impagas por la importación de 1.3 millones de metro cúbicos de gas diarios.
La estatal YPF también atravesó algunos cambios en los primeros meses del año. Sin embargo, la continuidad de Miguel Galuccio como gerente de la estatal durante enero y febrero (en marzo fue confirmada su partida voluntaria) hace que todavía esten por verse cambios más dramáticos. El papel de Galuccio durante los primeros meses del 2016 fue vital para sacar adelante contratos pendientes, sobre todo en Vaca Muerta.
Vaca Muerta, el gran yacimiento de gas esquisto argentino, atraviesa un periodo de gran incertidumbre respecto de su futuro. Por lo pronto, en el 2016 (ya con el gobierno de Macri) YPF ha suscrito otro contrato de servicios, esta vez con la estadounidense American Energy Partner, en una participación que demandará inversiones por US$500 millones en los próximos tres años. Asimismo, se siguen hallando pozos en la zona, haciendo que las reservas comprobadas de Vaca Muerta se incrementen. Pero el éxito de estos nuevos descubrimientos, sin embargo, dependerá de la rentabilidad que ofrezca el mercado de los esquistos les ofrezca. Y al respecto ningún escenario es definitivo.
Junto con el estado del mercado internacional, otro aspecto a tomar en cuenta es la situación económica interna de la Argentina. Chubut, una región dependiente de la tarifa diferenciada del barril de petróleo para el mercado interno y externo, ha tenido que uniformizar sus tarifas. Esto motivó la paralización de las tres operadoras más grandes de la provincia: Pan American Energy, YPF y Tecpetrol. Con la paralización llegaron las amenazas de despidos, situación que a la vez originó una crisis en donde los sindicatos petroleros amenazaban con "no solo (…) una Patagonia rebelde, sino un país en llamas". La contundencia de la respuesta de los trabajadores llevó a que las petroleras acuerden conservar provisionalmente a sus empleados por un periodo de seis meses. Las heridas, sin embargo, siguen abiertas y las críticas recaen sobre la cartera del ministro Aranguren, a quien reclaman que "actúe como un ministerio y no como un grupo de CEOs".
Por último, también existen impactos sobre el sector minero. En una medida que alinea la política minera argentina con las de otras economías liberales de la región, el gobierno de Macri anunció la eliminación del impuesto a las exportaciones en el sector minero, también conocido como retenciones a la minería. Con esta medida el gobierno busca atraer inversiones hacia el sector. Sin embargo, los cálculos indican que al eliminar el 5% que las mineras pagaban por exportaciones, el gobierno dejaría de recibir 220 millones de dólares por este concepto.
Las reformas de la administración Macri sobre las extractivas, al igual que sus primeros días frente el gobierno, generan mucha polémica y división social y política, con polos que apoyan totalmente el cambio de orientación y polos que lo rechazan por completo. Queda por ver si la fuerte presencia en el gobierno de una tecnocracia proveniente del sector privado, que apuesta por una promoción más agresiva de inversiones privadas junto con la flexibilización de los organismos reguladores, rinde frutos.
Perú: La renegociación de contratos de gas
En los primeros meses del 2016 el gas del Perú se puso nuevamente en el centro de la escena política. El motivo del debate son los contratos que se suscribieron a mediados de la década pasada (2004) entre el estado peruano y el consorcio Camisea (compuesta por Hunt Oil, SK, Repsol y Marubeni), encargado de la exploración, explotación y transporte del gas de Camisea, las reservas de gas natural más grandes del país.
El foco de atención se concentra en el lote 56. Las reservas del lote 56, equivalentes a 2.75 billones de pies cúbicos, fueron descubiertas por la anglo-holandesa Shell en el año 2000. En aquel momento el estado determinó que el gas del lote 56 se dedique exclusivamente a la exportación. En el 2004 Shell desistió de continuar al frente del bloque debido a que no podía hacer uso del gasoducto hacia la costa peruana entonces en construcción (que era para uso exclusivo de su cocesionario, el Consorcio Camisea, también operador de los lotes 55, 57 y 88) y las reservas en el lote 56 no justificaban la construcción de uno nuevo.
Es así que las reservas del lote 56 revirtieron al estado peruano quien, a la vez, convocò a un "concurso por invitación" para seleccionar al nuevo operador. Participaron cuatro empresas internacionales, entre las que estaba el mismo consorcio Camisea. Este último participante resultó fácilmente ganador debido a que las otra stres desistieron de presentar propuestas al toparse con los mismo obstáculos de Shell: las reservas no justificaban la construcción de otro gaseoducto y el contrato de exclusividad con Camisea les impedía compartir el uso del gaseoducto ya en construcción.
Con la suscripción del nuevo contrato ingresan otros tres actores. El primero es la compañía encargada de procesar el gas, Perú LNG. Esta compañía, también de propiedad de participantes en el consorcio Camisea, se encarga de la licuefacción del gas en la planta de Pampa Melchorita. Perú LNG, al mismo tiempo, tiene un contrato con un segundo actor: la distribuidora (también conocida como off taker) que realiza la exportación de los hidrocarburos. Repsol actuó como off taker del lote 56 desde 2004 hasta 2012, año en el que fue reemplazada por Shell. El tercer actor es el receptor principal del gas peruano en el extranjero, en este caso la Comisión Federal de Electricidad de México (CFE). La relación entre la off taker y la CFE, de quienes depende el precio que se adjudica al gas, está regulada mediante un tercer contrato que es vinculante entre ellos y en el que no participa en estado peruano.
En aquel momento (2004) se determinó que se aplique al gas exportado una regalía no variable del 30% y 38%. Si bien a simple vista pareciera que nos encontramos frente a un mejor trato que la regalía variable del 5% (que podría verse incrementada hasta el 20%) del lote 88, el gas del lote 56 se vende a un precio muy por debajo del mercado internacional, determinado por el contrato que la off taker tiene con la CFE de México. En este sentido, usando como referencia los precios internacionales del gas, los porcentajes de regalía solo equivaldrían al 3% y 6.69%, sin posibilidad de aumentar, por debajo de la regalía variable de 5% que pagan las demás empresas con contratos de gas.
Otro aspecto alarmante fue la revelación de casos de re exportación del gas desde México por parte de la primera off taker, Repsol, a precios mucho màs altos que los pagados por México en el envío del Peru hacia ese país. Las consecuencias para el Perú eran que recibía por el gas exportado una regalía estimada en base al precio México (muy bajo) y la empresa luego hacia una tremenda ganancia re exportándolo a otros mercados a precio internacional (muy alto) sin que el Perú pudiese poner impuestos a esas ganancias. En el año 2012 este caso fue llevado por el estado peruano a un arbitraje internacional ante la CIADI. En mayo del 2015 la CIADI falló a favor del Perú, obligando a Repsol a pagar cerca de 64 millones de dólares por concepto de regalías e intereses impagos.
Es así que llegamos a la campaña presidencial 2016. Encontramos varias posiciones que, con matices, promueven la renegociación de los contratos de gas, especialmente en el caso del lote 56. Al mismo tiempo, encontramos otras posiciones que condenan los intentos de modificación de contratos apelando a la fama que se ha ganado el país en respeto de contratos. Repasemos algunas de las posiciones.
Las propuestas de los candidatos Alfredo Barnechea y Verónika Mendoza, representantes de partidos de centro e izquierda respectivamente, coinciden en que los contratos de gas si pueden ser renegociados, siempre que las condiciones originales perjudiquen al estado. En el caso del gas del lote 56, ambos candidatos hacen referencia a las condiciones de desventaja reflejadas en las regalías y el precio pactado con México.
Las divergencias entre las dos propuestas yacen en la propiedad del gas. Para el partido de Barnechea, Acción Popular, el problema reside en las regalías, las mismas que no reflejan el precio internacional y no ofrecen oportunidad de un reajuste dependiendo de la producción y los precios. Más allá de aumentar las regalías, los contratos deberían incluir un nuevo cálculo de las escalas internacionales de precios que se irán a usar. Asimismo, también se sugiere atacar el problema de la re-exportación con cláusulas más claras que prevengan esta figura.
El partido de Mendoza, Frente Amplio, coincide con los puntos antes mencionados pero avanza más al plantear que el problema reside en la propiedad de la molécula de hidrocarburo. En la actualidad, de acuerdo a la Ley Nacional de Hidrocarburos (1992), la propiedad de la molécula es de quien la extrae, en este caso el Consorcio Camisea. Este aspecto impide al estado, por ejemplo, de priorizar otros mercados alternativos de que ofrezcan mejores precios para el gas peruano. Para enfrentar esta situación y que estado pueda decidir sobre el destino del gas, la propuesta del FA es pasar de contratos de licencia (en los que el que extrae es propietario de la molécula) a contratos de servicios (en los que el estado peruano es propietario de la molécula).
En el espectro opuesto se encuentran quienes se oponen a la renegociación de contratos. Aquí encontramos a partidos políticos de tendencia más conservadora como Peruanos por el Kambio (liderado por Pedro Pablo Kuczynski, quien como ministro de Energía y Minas del Gobierno de Toledo negoció los contratos vigentes) y Fuerza Popular (liderado por Keiko Fujimori). Ambos partidos coinciden en respetar los contratos ya suscritos y trabajar en el aspecto de masificación del gas mediante la construcción de infraestructura. Expertos alineados con esta postura también insisten en el aspecto de predictibilidad para el inversionista, siempre considerando que se trata de un sector volátil en el que existen ganadores y perdedores dependiendo del periodo que se atraviese.
Lo cierto es que los contratos de Camisea ya han sido revisados en más de una oportunidad, por lo que no es verdad que sean intocables. Por ejemplo, en 2015, Perupetro -agencia reguladora del estado peruano- consiguió revertir una cláusula que destinaba una parte del gas del lote 88 a la exportación, garantizando que el gas de este campo vuelva a ser destinado solamente al uso interno. El gobierno también ha manifestado que busca añadir un punto más al Lote 56 que enmiende el problema de los precios. Sin embargo, en este caso el estado peruano solo podría actuar de facilitador debido a que este aspecto corresponde a una negociación entre el consorcio Camisea y la off taker, Shell.
Resulta interesante ver cómo, una vez más en la historia política reciente de América Latina, la explotación de los recursos nacionales se encuentra en el centro del debate.