Octubre 2016 Reporte Mensual de Tendencias en las Industrias Extractivas
Perú: los primeros 100 días de PPK
La gestión de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) ha cumplido ya sus 100 primeros días y en este periodo se han dado algunas señales de qué le espera al sector extractivo del país en los próximos años.
Estos 100 días iniciales se han caracterizado por una tensa relación política con sus opositores de derecha en el Congreso Nacional, nuevas expectativas de inversiones provenientes de China y una conflictividad social alrededor del sector que no se detiene. En torno a estos temas ha habido momentos significativos, como las negociaciones con la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular para la designación de funcionarios clave; la fuerte relación con China expresada en su visita al complejo metalúrgico de La Oroya (su primera salida fuera de la capital después de las elecciones) con inversionistas de ese país y su viaje a China (el primero al exterior después de ser electo); y un nuevo conflicto alrededor del proyecto minero Las Bambas, ciertamente causado por medidas tomadas por el gobierno saliente del Presidente Humala.
El panorama político ha puesto a prueba la capacidad de negociación del gobierno con otros grupos políticos. Tanto el partido fujimorista Fuerza Popular (FP) como el izquierdista Frente Amplio (FA) gozan de mayor representación congresal que el oficialismo. Sin embargo, la mayoría absoluta de 72 parlamentarios que goza Fuerza Popular y el peno apoyo que le brinda el Partido Aprista del ex Presidente Alan García vuelven al fujimorismo una fuerza política con demasiado peso para ser ignorado.
Este poder de que goza FP ha puesto al gobierno en la necesidad de tender puentes. Uno de los mecanismos para reducir tensiones ha sido la designación de funcionarios afines al fujimorismo en puestos clave del estado, como la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), la Defensoría del Pueblo y el Banco Central de Reserva. Para el sector extractivo estas decisiones son muy importantes pues se trata de instituciones del estado con capacidad de fiscalizar al sector (SUNAT y Defensoría) así como de determinar la política financiera del país (BCR).
También llama la atención la designación de funcionarios con mucha cercanía al sector privado. Tal es el caso del economista Gonzalo Tamayo y ex líder empresarial Augusto Baertl, que terminaron asumiendo, respectivamente, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y la Presidencia de la estatal Petroperú. Los mismo ocurre con la designación de Patrick Wieland a la cabeza del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), pues en el anterior gobierno desempeñó un rol clave en la promoción de las inversiones privadas y jamás se le ha conocido una postura de defensa del medio ambiente, cual es la misión central de esta entidad responsable de procesar los estudios de impacto ambiental de, precisamente, esas grandes inversiones por el promovidas en el gobierno anterior.
Un segundo aspecto que vale la pena resaltar es el rol de China en el sector. Como se ha mencionado antes, el Presidente PPK inició su gestión visitando el Complejo Metalurgico de La Oroya para promover desde ahí y con apoyo de los trabajadores y la población local la ampliación extraordinaria del proceso de liquidación de los activos de la empresa Doe Run, decisión en manos del Congreso de la República. . En esa misma visita, se manifestó en favor de reducir los Estandares de Calidad del Aire en las ciudades, con la clara finalidad de hacer proyectos como estos más atractivos para los inversionistas. Esta reducción ha sido reclamada permanentemente por los inversionistas actuales y potenciales, y también los trabajadores y la población de La Oroya, desesperados por la paralización de la fundición.
Las operaciones en el Complejo Metalúrgico de La Oroya y la mina Cobriza se encuentran paralizadas debido a que empresa propietaria de estos activos, Doe Run, no logró implementar un programa ambiental que reduzca sus emisiones a niveles permitidos. La Oroya es considerada una de las ciudades más contaminadas del mundo, al punto que existe un consenso sobre la necesidad de mejorar las prácticas ambientales de la fundición de minerales en la ciudad. Sin embargo, la paralización de actividades deja sin empleo a 2300 mineros y afecta negativamente a toda la población local, la que exige al gobierno ampliar el plazo del proceso concursal para conseguir un nuevo operador. Kuczynski, aún en campaña, hizo eco a estos reclamos, incluso prometiendo liderar una marcha para exigir al congreso la ampliación de los plazos. Esta marcha no fue necesaria debido a que en agosto el Congreso de Perú aprobó la ley propuesta por el oficialismo que amplía el plazo del proceso concursal de La Oroya por un año.
También hemos mencionado que el primer viaje oficial del Presidente Kuczynski fuera del país fue a la China, donde la delegación peruana expuso ante los inversionistas privados y estatales de ese país distintas oportunidades de inversión, entre ellas La Oroya.
En los próximos años será necesario observar con detenimiento la crecinte presencia de compañías chinas en el sector extractivo peruano y su comportamiento en materia ambiental y social, debido a que las mismas pueden convertirse en el motor de una nueva fase en las industrias extractivas de Perú.
Brasil: Presal se abre a privados
El terremoto político que remeció Brasil a mediados de 2016 empieza a desplegar su consecuencia más dramática para el sector extractivo de Brasil. Presal, la apuesta petrolera concebida como el motor de una segunda industrialización de la economía brasilera, hoy es sujeto de las mayores reformas. Los cambios que se vienen sucediendo van en la línea de las políticas generales de apertura económica promovidas por el presidente Temer, que incluyen el aumento de la participación privada en aeropuertos, caminos, gas, y varios otros sectores que contaban hasta ahora con fuerte presencia estatal.
Con respecto a los cambios que afectan a Presal podemos ubicar dos momentos clave. El primero en el mes de octubre, cuando la cámara baja del congreso de Brasil aprobó (292 votos a favor vs 101 en contra) la ley 4567 que elimina la obligatoriedad de la participación de Petrobras como socio con al menos 30% de cada inversión y como operador directo en todos los campos petroleros del Presal. Este cambio ha sido perseguido por la oposición al gobierno del PT desde antes que inicie la crisis que sacó al partido del poder.
El segundo momento clave fue a inicios del mes de noviembre, cuando se aprueba (por 251 votos ) otra norma que permite a Petrobras vender campos localizados en Presal. En este caso el objetivo es que Petrobras se capitalice con estas ventas y así salga de la situación económica que tiene a la estatal contra la pared.
Es claro que ambas medidas –teniendo cada una objetivos específicos- anuncian el camino la privatización del Presal y de paso con la el ambicioso plan de industrialización petrolera en Brasil que se sustentaba en la fuerte presencia del estado en la explotación de estos enormes recursos petroleros.
¿Quién se beneficia con estos cambios? Las críticas desde el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) apuntan a los intereses privados detrás del gobierno del presidente Temer, los mismos que buscan reducir al mínimo el papel de Petrobras y del estado en general en la economía brasileña.
Por su parte, los sectores de centro-derecha ven a estas medidas como necesarias para desbloquear el verdadero potencial económico de los campos petroleros. Es así que, a la venta de derechos petroleros en Presal a Statoil, valorizada en 2.5 mil millones de dólares, se le pueden sumar una cantidad importante de activos que podrían salvar a Petrobras de la crisis.
Solo el tiempo dirá si estas medidas son efectivamente diseñadas ayudan a sanear la situación financiera de Petrobras en el corto plazo para –en el mediano plazo y largo plazo- volver a ser una potencia petrolera. Si esto así, será necesario también fortalecer los mecanismos anticorrupción para evitar nuevos episodios como los de Lava Jato. Pero también puede ser que se trate de los primeros pasos hacia la liquidación final de la presencia estatal en el sector petrolero, como se hizo décadas atrás en el sector minero al privatizar Vale do Rio Doce.
Qué viene después de estas medidas y cuál es el destino final de Petrobras y del sector energético brasilero es algo que aún queda por verse, y depende en mucho de la capacidad política que tenga la gestión del Presidente de llevar adelante una privatización total del sector. Se trata de un gobierno muy impopular y se trata de una propuesta que genera muchas resistencias. La polémica del Presal promete no acabar en el corto plazo.