El desafío de la transición energética desde la transparencia
Artículo publicado por la periodista Elinor Trebilcock en el sitio web de BNamericas (16/02/2024). Reproducimos el texto con el permiso de la autora
Las economías latinoamericanas deben hacer frente al dilema de ser grandes proveedores de minerales para la transición energética, como el cobre y el litio, mientras siguen dependiendo de los combustibles fósiles para operar sus redes eléctricas.
La región contribuye con cerca del 60 % de los recursos mundiales de litio, que son esenciales para la transición hacia los vehículos eléctricos.
Pero, aunque el tercio de su red energética se compone de energías renovables, en comparación con el 14 % a nivel mundial, al mismo tiempo, Colombia es el quinto exportador mundial de carbón y la petrolera federal brasileña, Petrobras, sigue apostando por el petróleo.
Sobre esta dicotomía, BNamericas conversa con Fernando Patzy, gerente para América Latina del Natural Resource Governance Institute (NRGI).
BNamericas: ¿El sector minero latinoamericano está avanzando en transparencia y cumplimiento de criterios ESG?
Patzy: La mayoría de las empresas han asumido el desafío de proveer información de manera voluntaria al público, pero hay que reconocer que esto ocurre más en los países que son o serán miembros de la OCDE o que han pasado por reformas institucionales. La adopción de nuevas leyes también ha impulsado la tendencia a transparentar las operaciones y las relaciones en los contextos mineros, especialmente en los países donde la minería es uno de los sectores principales.
BNamericas: Se ha acusado que falta transparencia en la industria chilena del litio.
Patzy: Chile tiene un nivel de producción de litio muy importante; sin embargo, su gobernanza aún requiere esfuerzos por transparentar la información. El litio es un mineral estratégico y no concesible en Chile y solamente las operaciones de SQM y Albemarle logran posicionar al país como segundo productor mundial, con un aporte al Estado chileno en 2022 de una suma cercana a US$5000 millones.
Pero todavía no existe transparencia suficiente en la cadena de valor del litio chilena. No hay información detallada de los impuestos y de las regalías que paga cada empresa. Tampoco se sabe cómo se realizan las transacciones, a quienes venden y a qué precios.
Al mismo tiempo, preocupa la gestión del agua en la explotación del salar chileno. Hay voces que indican que los impactos serían superiores a los que se conocen. Es importante avanzar en gobernanza, aclarar la generación de los ingresos fiscales y transparentar los impactos locales, sociales y ambientales.
La decisión de que Chile se adhiera a la EITI es muy importante y podría ayudar a que el sector sea más transparente y probablemente identifique si existen riesgos de corrupción en las operaciones del litio.
BNamericas: ¿Cómo se está desarrollando la estrategia nacional del litio en Bolivia?
Patzy: Lamentablemente, el acceso a la información es limitado en Bolivia, pero se sabe que su estrategia tiene predominio estatal y que hace años no logra arrancar ninguna operación ni planta industrial de carbonato de litio. Actualmente, Bolivia está interesada en usar la técnica de extracción directa de litio y selló convenios con dos empresas chinas y una rusa para incluir la tecnología. Son plantas pequeñas. Una tendría una producción anual de 2.500t de carbonato litio, algo así como el 1,5 % de la producción chilena.
BNamericas: ¿Cómo ven el avance de América Latina en la transición energética?
Patzy: Algunos países han definido de manera oportuna políticas energéticas y hay progresos importantes en Uruguay, Costa Rica y Chile, que no son productores de petróleo. En países como Colombia, Brasil, México y Argentina, que tienen producción de petróleo, carbón o recursos de hidrocarburos, la tendencia es distinta. Las políticas a favor de las renovables son más fáciles en aquellos países que no son dependientes del petróleo o del carbón. Por otra parte, la opción de avanzar en las metas del Acuerdo de París es una decisión soberana de cada nación.
BNamericas: ¿Qué tendencias observan en la industria de hidrocarburos latinoamericana?
Patzy: Las empresas estatales de petróleo están preocupadas por la transición energética. Algunas están avanzando más rápido en la adopción de medidas para descarbonizar sus operaciones, reducir el consumo de combustibles fósiles y modificar su consumo de electricidad.
Petrobras o Ecopetrol están haciendo esfuerzos por convertirse paulatinamente en nuevas empresas de energía, como las multinacionales British Petroleum o Shell, que ya tienen estrategias para migrar desde el negocio convencional del petróleo y gas al rubro de energía. En Argentina, YPF tiene intereses en litio.
BNamericas: Colombia tiene un modelo económico dependiente de las exportaciones de carbón y petróleo. ¿Vendrán cambios políticos al respecto?
Patzy: La exportación del carbón en Colombia se da en un contexto global donde los países están queriendo dejar de utilizar este combustible, como ocurre en Europa, que es su principal mercado. La producción de carbón colombiana ha caído en los últimos años, pasando de estar sobre 80 millones de toneladas al año a poco más de 50 millones de toneladas. Ha influido la volatilidad de los precios y la poca recuperación de la demanda tras la guerra en Ucrania.
Los grandes productores colombianos de carbón, como Drummond y Glencore, tienen estrategias para seguir produciendo mientras el mercado lo permita y las ganancias continúen.
En petróleo, podríamos ver una declinación de la producción a mediano plazo, ya que las reservas de Colombia están actualmente limitadas. Por lo tanto, al ser un exportador de estos dos commodities, la situación nacional está delicada.
Sin embargo, Colombia está planeando su transición energética con una hoja de ruta que tiene énfasis en las energías renovables y la electromovilidad. Al estar sus reservas de gas también limitadas, está haciendo esfuerzos para reemplazar la declinación con energías renovables. Esto implica inversiones significativas y dinamizar la economía para proveer más paneles solares e implementar mejoras en las conexiones, tanto para los hogares como para la electromovilidad.
Colombia será un referente de cómo discutir políticas y tomar en serio la transición energética para otros países dependientes de la exportación de hidrocarburos.
BNamericas: ¿Qué recomienda NRGI cuando asesora a bancos, empresas y particulares en la formulación de estrategias eficaces para lograr la transición energética?
Patzy: Primero, hay que ver la realidad de cada país y cómo está compuesta la matriz energética y la dotación de recursos. Cada país tiene una situación de dependencia mayor o menor de la exportación de hidrocarburos y de los ingresos que genera la explotación.
Es importante considerar las señales y cambios que se producen a nivel global, tanto en la demanda de combustibles fósiles como en el abaratamiento de las energías renovables. Se debe pensar en una transición progresiva y equitativa, que no genere crisis en los territorios que son productores de carbón o petróleo, por ejemplo.
Las empresas estatales deben evitar tomar decisiones arriesgadas sobre mantener la producción de petróleo, ya que las inversiones en este sector, así como en la minería, son grandes y de largo plazo. Vivimos una etapa de transición energética con cambios en los precios internacionales y en la oferta y demanda de combustibles.
Las decisiones deben ser calibradas y la transición energética debe ser justa, medir el impacto que pueda tener en empleos, y tomar medidas de compensación al mismo tiempo para los efectos de la explotación.
BNamericas: Abogados han advertido un aumento en las prácticas de greenwashing y en los litigios climáticos derivados de la competencia entre compañías por mostrar una mejor imagen de sustentabilidad y lucha contra el cambio climático.
Patzy: La transición energética y las energías renovables generan una gran demanda de minerales como cobre, níquel, litio, manganeso y cobalto, que han despertado el interés de los gobiernos por atraer más inversiones. Todos quieren actuar rápido, porque la demanda es grande y los precios seguirán favorables en las próximas décadas.
En el interés por captar más inversionistas e implementar proyectos en menor tiempo, podría venir un aumento de la corrupción o se podrían relajar ciertas regulaciones. Por otra parte, la minería de América Latina enfrenta una gran conflictividad y resistencia en los territorios, muchas veces por malos desempeños de algunas empresas, lo que abre un contexto favorable para la corrupción.
Por eso, nos preocupa que existan mejoras de gobernanza. El aumento de la demanda de minerales para la transición tiene que venir necesariamente aparejada con mayores estándares de gobernanza y sociales, para que sea una contribución al desarrollo de las comunidades y mejores ingresos para los gobiernos. Al mismo tiempo, los gobiernos deben hacer un buen uso de las rentas e idealmente estimular la diversificación de la economía para dejar de ser solo productores de commodities.