La experiencia de Colombia en la lucha contra la corrupción en el sector hidrocarburos

En Colombia, la corrupción es un problema estructural que le cuesta al país cerca de 50 mil millones de pesos anuales y que afecta las finanzas públicas, el pleno goce de derechos de los ciudadanos, mina la confianza en las instituciones y pone en duda la legitimidad del Estado. Parte de esta corrupción se presenta en el sector extractivo que tiene un peso importante para la economía nacional. Según cifras oficiales, el sector extractivo representa cerca del 5% del PIB nacional y alrededor del 50% de las exportaciones, además de ser una fuente de recursos significativos para las entidades del nivel territorial donde se desarrollan los proyectos mineros y de hidrocarburos.

De acuerdo con el Índice de Gobernanza de los Recursos Naturales 2021, del Natural Resource Governance Institute (NRGI), pese a que Colombia goza de una buena calificación en la administración de sus recursos naturales no renovables, existe opacidad en diferentes temas —divulgación de información relacionada con la empresa estatal de petróleo y gas, los beneficiarios reales, el otorgamiento de títulos mineros, las licencias ambientales, entre otros—, que pueden derivar en que diferentes actores y tomadores de decisiones cometan actos de corrupción en el sector. Por tal razón, Crudo Transparente, con el apoyo financiero de Leveraging Transparency to Reduce Corruption (LTRC), iniciativa global de The Brookings Institute y Result For Development que busca difundir prácticas efectivas para reducir la corrupción a lo largo de la cadena de valor de los recursos naturales, desarrolló un proyecto entre 2021 y 2022, para construir un plan de acción de lucha contra la corrupción en el sector de hidrocarburos a partir de la guía desarrollada por el NRGI.

Esta adaptación consistió en implementar a nivel territorial los diferentes pasos propuestos en la guía. Esta decisión se tomó porque en Colombia la mayoría de las decisiones relacionadas con la exploración y producción de los minerales e hidrocarburos están concentradas en el nivel central. Lo señalado anteriormente, no permite que las administraciones departamentales y municipales, así como las comunidades donde se desarrollan los proyectos de exploración y producción de petróleo y gas se involucren de manera activa y permanente en las decisiones en torno a la gobernanza de estos recursos, pese a que son los ciudadanos de las poblaciones aledañas quienes experimentan los impactos directos del sector, así como de las decisiones que se toman lejos de las realidades territoriales. (Mayor información del proyecto en este link).

A un año de culminación del proyecto, estamos convencidos que las lecciones aprendidas pueden contribuir a la implementación y adaptación de la guía en otros países y a diferentes escalas. 

1. Contribuir a la comprensión de la información

Al ejecutarse el proyecto a nivel local, se evidenció que los diferentes actores involucrados en la cadena de valor del sector extractivo cuentan con un nivel de comprensión diferente de los temas, por lo tanto, se requiere un esfuerzo inicial para nivelar la apropiación de la información, en especial con los representantes de las comunidades y de la sociedad civil.

2. Construcción de confianza entre los actores

A través del desarrollo del proyecto se evidenció la importancia que tiene la construcción de confianza entre los diferentes actores que hacen parte de la implementación de la guía en sus diferentes etapas. Este proceso toma tiempo, requiere de voluntad y el esfuerzo de todas las partes involucradas. De ahí la necesidad de plantear el proyecto en un espacio de tiempo mayor a seis meses y de mantener un diálogo permanente y sincero entre los distintos actores para conversar sobre los hallazgos, avances, desafíos y oportunidades, a fin de identificar la mayor cantidad de riesgos de corrupción y las posibles formas de atacarlos.

3. Involucrar a un número significativo de participantes de diferentes sectores relacionados con el tema seleccionado

La participación activa y permanente de diferentes representantes del sector a trabajar — en nuestro caso el sector de petróleo y gas—: gobierno, empresas operadoras, comunidades, sindicatos, empresas prestadoras de bienes y servicios, entre otros, es fundamental porque permite identificar riesgos de corrupción y oportunidades de abordarlos que no son fáciles de reconocer en grupos de trabajo pequeños y altamente tecnificados.

4. Proveer información en un lenguaje claro y fácil de entender

Es importante que, a través de las diferentes etapas de implementación de la guía, el lenguaje con el que se comunican los avances, hallazgos y oportunidades de mejora sea claro y fácil de entender para todas las partes, esto permite comprender los temas en profundidad para poder participar, y también mantiene el interés de las partes por permanecer en el proceso.

5. Amplia divulgación del plan de acción para comprometer a los actores en su ejecución

Una vez culminado y aprobado el plan de acción por las partes involucradas en el proceso, es importante adelantar una campaña de divulgación en diferentes medios y a diferentes niveles para que el plan de acción sea adoptado por tantas instituciones y partes como sea posible, además de ejercer presión para su implementación.  

Como resultado del proceso adelantado, el plan de acción ha sido discutido en diferentes encuentros con organizaciones de la sociedad civil, representantes de la industria petrolera y del gobierno. El consenso surgido alrededor de estas discusiones es la necesidad que tiene el país de atacar la corrupción en el sector extractivo en sus diferentes niveles —nacional, regional y local— para aprovechar los recursos que genera el sector para el desarrollo de los territorios y con miras al proceso de transición energética. No obstante, avanzar en la implementación del plan ha sido un camino difícil, el contexto nacional y el rechazo a la industria extractiva que ha promovido el gobierno actual no ha permitido dar pasos concretos en esta dirección.

Desde Crudo Transparente nos encontramos adelantando gestiones con las nuevas autoridades locales, elegidas el pasado 29 de octubre de 2023, para presentar el plan de acción y motivar un llamado al gobierno nacional para su implementación.